Los derechos humanos en el Uruguay

Victoria Furtado / Foto: Mauro Tomasini
Este lunes 12 de diciembre Serpaj presentó su informe anual, donde se da cuenta de la situación actual de los derechos humanos en nuestro país, de las múltiples injusticias que permanecen y de las nuevas vulnerabilidades a las que se exponen, sobre todo, los que menos tienen. Zur estuvo allí para colaborar con la difusión de la visión crítica, sensible y comprometida de estos compañeros de ruta.

Este es el informe número 27 publicado por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y se trata de una elaboración colectiva en la que la academia, las organizaciones sociales y aquellos que ven vulnerados sus derechos confluyen para dar cuenta de los avances y retrocesos en materia de derechos humanos en nuestro país. Este año el informe está dedicado a Guillermo Chifflet, quien, entre otras, cosas, integró la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento mientras fue diputado, cargo al que renunció en 2005 por oponerse a que Uruguay continuara participando en las misiones de la ONU en Haití. En la presentación del informe, Adriana Vaselli, de Serpaj, recordó la trayectoria de Chifflet, destacando su coherencia y solidaridad y su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

Como siempre, el informe incluye una sección destinada al pasado reciente donde, además de investigaciones sobre el Plan Cóndor y la permanencia de la impunidad en nuestro país, hay un artículo sobre el juicio desarrollado en Italia por este tema, que este año tuvo varias resoluciones importantes, y otro sobre el robo al laboratorio del Grupo de Investigación en Arqueología Forense de la Facultad de Humanidades. Asimismo, se documentan declaraciones y comunicados de las organizaciones vinculadas a la lucha por memoria, verdad y justicia. Pero la sección “Derechos civiles y políticos” del informe no se agota allí, entre muchos otros temas relevantes se aborda también el de los refugiados de Guantánamo y el asesinato de un joven del barrio Marconi por parte de la policía.

La sección “Derechos económicos, sociales y culturales” abarca asuntos diversos, que van desde el ajuste económico anunciado este año por el gobierno hasta la ley de salud mental, pasando por temas como la educación, el lenguaje, el medio ambiente o la migración. En la presentación Vaselli resaltó, además, la incorporación este año del apartado “Las venas abiertas”, dedicada a los derechos humanos en América Latina, con informes sobre Oaxaca, Ayotzinapa, el asesinato de Berta Cáceres, la destitución de Dilma Rouseff y la situación de Haití.

Derechos económicos: salarios dignos e inversión pública

En la presentación del lunes, Jorge Notaro reflexionó sobre la política económica impulsada por el gobierno, evaluando el camino elegido y algunas de las alternativas posibles. Señaló que a principios de 2015 economistas de diversas orientaciones acordaban en que la situación internacional, en particular la de socios comerciales como Brasil y Venezuela, auguraba un año con dificultades para nuestro país. Esa realidad, sumada a la inflación y el déficit fiscal, hacía necesario tomar algunas decisiones. Dos eran las posibilidades: optar por el ajuste o compensar la caída de la demanda externa con un aumento de la demanda interna.

El gobierno adoptó una política de ajuste que se evidenció en los cambios en la política salarial que tendió a desindexar los salarios. Según Notaro, esto generó un estancamiento del consumo, lo que a su vez derivó en la actual recesión de los sectores de la vestimenta, el calzado y la alimentación. El ajuste se reflejó además en un presupuesto que disminuye la inversión pública, pero no deja de pagar los intereses de la deuda externa. Pese a eso, se destacó que la movilización social logró flexibilizar parcialmente el ajuste planteado.

El economista refirió también a los ingresos del capital extranjero en el Uruguay, que en 2015 aumentaron en 140 millones de dólares (para un análisis más detallado ver artículo de Notaro en Zur). Agregó que en 2015 el número de personas pobres no se redujo y es probable que en 2016 aumente e indicó que este año trabajan en el país 35.000 personas menos que en 2014, algo que no ocurría desde 2003. Finalmente, Notaro planteó que otras alternativas hubiesen sido posibles para evitar el ajuste, particularmente el aumento de impuestos al capital.

Cada vez más solos. Cada vez más juntos

Otra de las oradoras en la actividad de Serpaj fue Soledad Paretti, miembro de la Comisión nacional por salud mental y de la Asamblea instituyente por salud mental y vida digna. Soledad refirió a la vulneración de los derechos de las personas internadas en las instituciones de salud mental y planteó la necesidad de ser más en esta lucha. Sostuvo que la ley que se está discutiendo actualmente no los representa y que poco tiene que ver con los derechos humanos. Entre otros aspectos, señaló que los órganos que se prevén no son independientes y no ofrecen garantías en materia de derechos humanos y cuidado de los usuarios.

Acompañando la intención de Serpaj de dar voz a las personas que ven vulnerados sus derechos, Soledad habló de y desde su experiencia para recordarnos que ninguno de nosotros estamos exentos de necesitar acompañamiento en salud mental y que quienes hoy transitan por esa situación “estamos perdiendo derechos humanos, estamos cada vez más solos”. Ella se pregunta, y con ella todos lo hacemos, dónde están los derechos humanos en esos lugares donde al pasar por la puerta el sujeto de derechos desaparece y pasa a ser una cosa. Asigna un lugar importante a compartir la experiencia, porque entiende que un camino distinto solo se construye con la lucha de muchos. Dice: “el haberlo vivido me da poder para decirles esto es una realidad y es muy feo. Yo me sentí presa porque no tenía ningún derecho”. Contó entonces la importancia que tuvo para ella participar de la Asamblea y del sentido de pertenencia y empoderamiento que allí se generó, en oposición a los centros de internación que “nos hacen sentir que no podemos”.

Al cierre de su intervención, la más aplaudida, Soledad nos aclaró a los menos observadores que es ella quien está en la foto de tapa del informe de este año. Y sobre la expresión de su rostro en ese instante capturado por el lente dice “qué cansancio, pero qué felicidad”, expresando su alegría porque estaba en una marcha y porque cada vez son más y están más juntos quienes dan esta lucha, que es de todos. 

El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo

Ana Rosengurtt también habló de salud y su relato fue otra forma de denunciar el uso arbitrario del poder médico. Ella decidió cuestionar la obligatoriedad de la mamografía en el carné de salud y con ese solo acto desafió no solo al presidente de la república sino a toda una política de salud construida en base a decretos que disponen del cuerpo de todos, pero en particular del de las mujeres. Su periplo es imposible de resumir en unas líneas y de hecho Ana ya ha escrito un libro y varios artículos contando su historia. Por suerte, luego de mucha burocracia sin éxito en el Ministerio de Salud, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló a su favor, reconociéndole su derecho a rechazar el examen de mamografía para obtener el carné y poder trabajar.

Ana relató los múltiples cuestionamientos que recibió de los médicos que la atacaron por opinar, según ellos, sin saber. También habló de los miedos que quisieron provocarle por negarse al examen y de campañas a partir de las cuales “las mujeres de golpe y porrazo sentían que sus mamas eran una bomba de tiempo”.

En un proceso que duró años, investigó por su cuenta y fue descubriendo que la obligatoriedad de realizarse el papanicolau y la mamografía para el carné de salud proviene de un decreto de la primera presidencia de Tabaré Vázquez y que esto solo sucede en Uruguay. Supo también que el carné de salud es un invento uruguayo que proviene de la dictadura de Terra, anterior a cualquier ley de bioética, y que no existe en otros países como requisito para trabajar. Los médicos extranjeros con los que entró en contacto a partir de su lucha no solo se sorprendieron al saber que la mamografía es obligatoria en nuestro país sino que la apoyaron en su campaña. Por medio de ellos se enteró además que en el resto del mundo estos procedimientos solo se llevan a cabo con el consentimiento informado del paciente, algo que evidentemente se opone a la obligatoriedad y que aquí nunca se solicita. Otro aspecto que descubrió fue el vínculo entre las empresas farmacéuticas y la celebración del mes del cáncer de mama a nivel internacional. Sostuvo además que las mismas empresas que elaboran productos cancerígenos son las que financian campañas contra esta enfermedad, algo que en el mundo se denuncia con el nombre de “pink washing” o “lavado rosa”. Asimismo, denunció las dificultades que tienen las mujeres que realmente padecen este cáncer para acceder a los medicamentos para su tratamiento, que son altamente costosos y no siempre están disponibles.

Si bien sus razones para oponerse se basaron inicialmente en un cuestionamiento a la innecesaria exposición a la radiación que implica la mamografía, Rosengurtt refirió también al problema de sobrediagnóstico y los numerosos falsos positivos que tiene la mamografía, algo que en el mundo y, más recientemente, en Uruguay ha llevado a que se realicen cambios en las políticas de salud destinadas a la prevención del cáncer de mama. Entre otros argumentos, esta mujer tenaz apeló a la ley 18.335, que reconoce el derecho de cualquier persona a negarse a procedimientos de diagnóstico y tratamiento, y a la declaración de bioética y derechos humanos de la Unesco, a la que Uruguay adhiere desde 2005. Esta última establece que toda acción preventiva, diagnóstica o tratamiento debe realizarse con el consentimiento informado del paciente.

Ana cerró su intervención denunciando la injerencia del estado sobre el cuerpo de las personas a través de los actos médicos obligatorios y señaló que la actual obligatoriedad de la vacuna contra el HPV, administrada a todas las niñas a partir de los doce años, demuestra la continuidad de la misma política de salud a la que ella se opuso.

Todos los derechos para todas las personas

La presentación del informe cerró con la intervención de la Asociación Civil de Personas Privadas de Libertad, una organización recientemente creada en el penal de Punta de Rieles que tiene como objetivo principal luchar por el cumplimiento de los derechos de estas personas. Lamentablemente los miembros de la Asociación no consiguieron los permisos necesarios para asistir a la actividad, pero participaron a través de un video donde explicaron que sus reclamos principales son el respeto de la ley de elecciones para poder acceder al voto; que se garanticen los puestos laborales en empresas públicas que la ley de trabajo prevé para las personas que estuvieron privadas de libertad y que esos puestos estén acordes a su formación (actualmente solo pueden trabajar como peones, oficiales o medio oficiales); mejoras de las condiciones de reclusión y la presencia de procuradores en las cárceles para asegurar el adecuado seguimiento de sus causas judiciales.

Actualmente la Asociación está en proceso de obtener su personería jurídica y apunta a que se incorporen a ella liberados y familiares. Se proponen además llegar a más cárceles para tener alcance nacional. La obra de teatro “El día después”, protagonizada por personas privadas de libertad, les está permitiendo recaudar recursos para desarrollar estas acciones.

Serpaj trabajó con esta organización a lo largo del año realizando visitas periódicas a la cárcel. Mauro Tomasini contó que este acompañamiento intenta promover la práctica política dentro de la cárcel, es decir, iniciar un proceso de empoderamiento político que permita a las personas privadas de libertad reclamar sus derechos, solicitar información relevante sobre la administración del presupuesto, hacer sus propios informes, etc. El objetivo último es generar autonomía y que sean ellos mismos quienes reclamen y defiendan sus derechos. Y si bien desde Serpaj reconocen que esto es muy difícil, lo cierto es que la dignidad y el entusiasmo que transmitieron los miembros de la Asociación en su video resultan esperanzadores.

Las experiencias compartidas durante la presentación del informe de Serpaj son solo una pequeña muestra del valiosísimo aporte que, en sus más de 350 páginas, hace este material. Su lectura vale la pena, porque, como ellos mismos plantean en la introducción, “ahondar sobre la vulneración de derechos tiene como propósito invitar a la reflexión, intercambio, construcción para promover una mirada esperanzadora, sintiendo que otro mundo es posible”.
 

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