Incendios forestales en Bolivia: la alianza agroestatal es responsable

Carlos Guzmán Vedia / Foto: Página Siete
Mientras seguimos de cerca lo que sucede en el Amazonas, Bolivia arde también. Los incendios forestales ya destruyeron más de 700 mil hectáreas. Las políticas de deforestación descontrolada y el modelo neoextractivista de desarrollo promovidos por el gobierno boliviano aparecen como la principal causa de esta devastación ambiental.

Los incendios, que arrasaron con 500 mil hectáreas en la Chiquitania, son consecuencia de la política de expansión agrícola que promueve el gobierno  y los agroindustriales de la región de Santa Cruz, ambos sometidos a la agenda global que imponen las empresas transnacionales de la alimentación como Monsanto, Cargill y Bayern Syngenta. Éstas, entre otras corporaciones asentadas en el país desde los años 90, manejan cerca del 60% del negocio de semillas transgénicas e insumos químicos en el mundo.

Soja, sorgo, algodón y maíz son los cultivos transgénicos que promueven estas transnacionales y que fueron priorizados en los acuerdos de la Cumbre Agropecuaria Sembrando Bolivia (en adelante, CA), realizada en 2015 con el objetivo de multiplicar la exportación de commodities agrícolas y contrarrestar la caída del precio de los hidrocarburos y la minería.

La CA fue el evento que consolidó la alianza entre el gobierno boliviano y los agroindustriales cruceños, teniendo como principio una agresiva política de expansión que amenaza áreas protegidas como las reservas forestales de Guarayos y El Choré, el bosque seco chiquitano y la Reserva Natural de Tucabaca, por citar algunas.

En la CA, de la que fueron excluidos los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, se definió ampliar el área de cultivo en 10 millones de hectáreas hasta el año 2025. Es decir, de las 4,3 millones que existen actualmente, a 14,3 millones que pretenden el gobierno y los empresarios agrícolas, proyectando un ritmo de deforestación de un millón de hectáreas por año.

La relación entre el gobierno del MAS y la élite agroindustrial tuvo momentos tortuosos, como los violentos días del año 2008 que hoy quedaron en el olvido. También aquellos del caso Rosza, de la masacre de Porvenir, de la toma de instituciones, de la media luna. Pero los oligarcas separatistas de entonces son los hermanos empresarios de hoy.  En el olvido dejaron a la revolución comunitaria y productiva, la diversificación de alimentos, la soberanía alimentaria y el respeto a la madre tierra.

Los ingresos que deja la torta de soja (commoditie de mayor exportación) constituyen el espacio económico donde convergen los intereses rentistas del gobierno con las millonarias ganancias de la agroindustria, cristalizando así un modelo neoextractivista de desarrollo (Gudynas: 2012, Acosta: 2010, Svampa: 2019).

A los acuerdos de esta alianza agroestatal, se suman alrededor de 25.000 campesinos entre pequeños y medianos productores que se convierten en el ejército de reserva que pone en práctica la expansión. Las leyes 740, 741 y el DS 2452 del año 2015 que derivan de la CA, además del DS 3973 de 2019 que amenaza la pampa beniana, son parte de una compleja normativa promulgada por el gobierno que flexibiliza y promueve una deforestación descontrolada y peligrosa.

El gobierno, en su conocido pragmatismo político, materializa la expansión pactada con las élites mediante la entrega prebendal de títulos de tierras a sindicatos campesinos afines al MAS, otorgando libertad jurídica para chaquear a placer sobre territorios boscosos. En esa línea, el presidente Evo Morales ha justificado los incendios en una salida retórica: “las pequeñas familias, si no chaquean, ¿de qué van a vivir?” ha dicho, confesando la falta de políticas gubernamentales que incorporen a los pequeños productores a una agricultura sostenible, diversificada y digna. 

Los campesinos, además de cargar el estigma social por practicar el chaqueo, también se encuentran sin alternativas de sembrar otras semillas que no sea ingresar en el circuito de la soja, pues, la adjudicación de tierras y créditos financieros están condicionados a dicho cultivo.

Atados a créditos financieros, tienen que pagar maquinaria e insumos químicos (herbicidas y pesticidas como el glifosato que causan desertificación de los suelos), además de velar porque las inundaciones, sequías o plagas no afecten su cultivo, arruinando su inversión, generando así una agricultura desigual que enriquece a las grandes empresas, empobrece a las pequeñas familias y destruye el medio ambiente.

El avance de la soja hacia áreas protegidas, la pérdida de biodiversidad, los incendios forestales y la desposesión de territorios indígenas son otras consecuencias que interpelan este modelo de desarrollo agrícola. En caso de cumplirse el objetivo propuesto en la CA de llegar a las 14,3 millones de hectáreas al 2025, estaríamos asistiendo a una crisis ecológica en el oriente boliviano que afectaría al equilibrio climático, la diversidad de especies en fauna y flora y la provisión de agua para las ciudades.

Así, la actual devastación de Roboré y la expansión de la frontera agrícola tiene que entenderse en el marco de las tendencias globales del desarrollo, donde la alianza agroestatal obedece los mandatos de las empresas multinacionales de la alimentación. Estas ubican a los monocultivos como los productos a impulsar en los países del Cono Sur, con la ambición de imponer una República Unida de la Soya (McKay: 2018), un extenso territorio cubierto de soja que está arrasando la pampa argentina, la Amazonia brasileña, el chaco paraguayo, y ahora, la Chiquitanía boliviana.

Publicado en Página Siete.