IMPUNIDAD Y OMISIÓN: vecinos de Paso Picón demandaron al MGAP y al productor Máximo Castilla

Carla Alves*/ Foto: AFP- Jean-Francois Monier
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y el productor de soja Máximo Castilla fueron demandados por daños y perjuicios por vecinos de Paso Picón. A Castilla se lo acusó por acoso y amenazas y de ser responsable de las afecciones de salud física y mental de los vecinos, la muerte de animales de compañía y aves de corral y la destrucción de cultivos. Al ser “la única autoridad competente con capacidad para hacer cesar el daño”, al MGAP se lo demandó por omisión de los deberes de control. En la audiencia que se realizó este miércoles, a la que sólo asistieron por la parte acusada representantes del ministerio, no se llegó a una conciliación.

Hace siete años el médico y productor Máximo Castilla comenzó a plantar soja. Desde entonces el uso de los herbicidas 2,4-D y glifosato, permitidos por el MGAP, perjudicó la salud y menoscabó los derechos fundamentales de las personas que viven en la ruta 62, en la localidad de Paso Picón, Canelones. Según los cuatro vecinos denunciantes y su abogado Alberto Gómez Barrerio, tanto el productor como el MGAP son “solidariamente responsables”.

Ahora llamado glifosato, el herbicida considerado como “probable cancerígeno” por la Organización Mundial de la Salud (OMS), se comenzó a comercializar en 1970 por la compañía estadounidense Monsanto. Los efectos de este potente herbicida se inactivan al tocar el suelo, pero, con ayuda del viento, vuela y, si se respira, es tóxico. Afecta cultivos, animales y personas. El 2,4-D es un herbicida hormonal más volátil que el glifosato. La OMS comprobó que puede provocar estrés oxidativo e inmunodepresión en seres humanos.

Una madrugada, cinco años atrás, Castilla fumigó su cultivo como de costumbre. A la mañana, a 100 metros de distancia, su vecino Ariel Gulpio intentó limpiar su jardín ya que, a la semana siguiente, tendría una reunión con los catequistas de la diócesis. Durante la tarea aspiró un polvo blanco que cayó de una aligustrina. Una hora después sintió que le faltaba el aire, y ocho horas más tarde fue internado con broncoespasmo severo. El envenenamiento afectó otras partes de su cuerpo: se le inflamó el hígado y la vesícula, que finalmente extirparon. Luego hubo daño en los riñones y la uretra. Gulpio fue el primer agrointoxicado reconocido por el Ministerio de Salud Pública.

A Mabel Celintano, esposa de Gulpio, el contacto indirecto con los herbicidas la llevó a tener problemas respiratorios y en la pared venosa. “Nos pasan de un médico a otro, a esta altura nos examinaron más de 40”, expresó, y subrayó que los médicos hablan de síntomas pero no de diagnósticos. Además, recordó que los propios médicos le cuestionaron que no se fuera de la localidad donde la pareja vive hace 18 años.

“Le atribuimos la culpa a Castilla pero, ¿y los otros productores que hay en el país?”, cuestionó Gulpio, que considera que el mayor culpable es el MGAP por admitir el uso de los herbicidas sin si siquiera contar con los medios para asistir a las personas que resultan afectadas. En su propiedad no hay alambrado ya que su jardín es un oratorio. Allí la pareja crió un ecosistema de peces compuesto por tarariras, bagres, mojarras y madres del agua. Luego de una fumigación del vecino, aparecieron todos muertos. Y tras una inspección, el MGAP negó la presencia de químicos en los animales. Como productores de suelo orgánico, ser vecinos de Castilla, entre otras cosas, les generó una “publicidad tremenda” que afectó las ventas.

Alberto Gomez Barreiro, abogado defensor de los vecinos, señaló que el MGAP, en comparación al Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y su Dirección Nacional de Medio Ambiente, es una institución más antigua y por lo tanto de mayor peso debido a que Uruguay es un país agroexportador. Para el abogado, la inspección de las fumigaciones no se acompasó “al modelo productivo intensivo que necesita otros niveles de control”. “No fue eficaz, hay negligencia u omisión”, subrayó el abogado y destacó que la razón está en que es el propio ministerio quien debe controlar y al mismo tiempo fomentar la producción agrícola.

Advirtió que casos como el de Paso Picón se dan en todo el país. “No sabemos qué cantidad de glifosato se usa porque pedimos información y se nos niega”, declaró. Además alertó sobre la carencia de medios y de voluntad política para que los servicios de salud puedan detectar los herbicidas en la sangre. “Los vecinos están abandonados. Estas personas están en Canelones, hay otras que están en el interior profundo que están mucho peor. Tiene que haber una política de Estado, no se puede ir sólo contra el productor”, declaró Gómez Barreiro.

Adriana Pascual, una de las denunciantes, como resultado de la exposición a los herbicidas, sufrió un deterioro en la producción de una enzima llamada colinesterasa que evita el envenenamiento. Su hija de 12 años sufrió afecciones en el sistema respiratorio que hoy persisten. Además de los daños físicos, Pascual fue víctima de amenazas e insultos por parte de Castilla desde que inició la denuncia en 2013. “Siempre somos los mismos cuatro vecinos los que denunciamos. No es fácil tomar una decisión porque hay miedo”, declaró a SdR.

En el pueblo se dice que Canelones tiene tres dueños y uno de ellos es Castilla. “Es lo que se siente en la ciudad”, explicó Pascual. Como dueño de 5 mil hectáreas de campo “su fama lo precede”, aseguró. “¡Hay que meterse con Castilla! Tiene múltiples denuncias por situaciones de violencia, incluso dentro de su familia”, expresó. La emblemática foto de El País, en la que se ve al médico y productor lavándose la cara y las manos con un líquido blanco que él asegura era glifosato, demostró la falta de límites del denunciado.

“Sus actividades de médico y de productor son incompatibles”, afirmó Pascual. A pesar de haber sido suspendido tres meses por el Colegio Médico del Uruguay, accedió a la historia médica de Pascual ya que no hay una obligación de confidencialidad. “Ante el Colegio Médico preguntó qué debía hacer conmigo, si me tenía que matar o pegarme con un palo y tirarme a la cuneta: se pisa el palito”, concluyó. El cuarto vecino denunciante presente en la audiencia de Conciliación fue Jesús Pedreira, acusó a Castilla de ataques y persecución en la vía pública. “Vivo el acoso diario”, aseguró.

Hubo vecinos que vendieron sus propiedades y se fueron de Paso Picón, otros siguen. Los fumigados denuncian la muerte lenta de sus animales, primero visible en la atrofia de los miembros y en la pérdida de la movilidad. Cuando Castilla fumiga un olor impregna el aire y los vecinos se encierran. Las frutas y hortalizas aparecen muertas con un insano color amarillo y el MGAP culpa al sol.

[*] Artículo originalmente publicado en Sala de Redacción

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