Golpe y horda: Apuntes sociológicos sobre los conflictos post-electorales en Bolivia

Juan Pablo Neri Pereyra / Foto: insurgente.org
Se vienen tiempos difíciles en Bolivia. Aunque pareciera que hemos retornado a la normalidad, es una normalidad ambigua, que no termina de acomodarse. Lo que prevalece es, en todo caso, una sensación de incertidumbre. Esto es porque todavía no caemos en cuenta sobre la magnitud, en términos simbólicos, de la caída de nuestro otrora “pequeño gran Otro”.

Tampoco caemos en cuenta sobre los problemas por venir, sobre todo en lo que respecta a la economía. Y, a lo largo de esta coyuntura un tema que generó una sensación de angustia a más de uno es ¿Qué posición tomar? No sólo por el impulso espontáneo por hacerlo, sino por la presión social que provino desde distintos lugares (familia, pares, colegas, desconocidos). El espectro se redujo, penosamente, a dos parcialidades: 1.- Estar a favor de la “defensa de la democracia y en contra del “vandalismo” y del “narcoterrorismo masista”; 2.- Estar en contra del “golpe de Estado”, ya sea que se estuviera a favor o en contra del MAS.

Ambos relatos, digámosles a modo de provocar fantásticos, son un problema. Porque simplifican, hacen maniqueo el análisis y se alejan de la discusión sobre las problemáticas reales. Con una finalidad didáctica, a esta discusión la caracterizaré como la oposición entre el relato del Golpe y el de la Horda. Dos historias de terror que continúan atemorizando y que empujaron a la inmensa mayoría al razonamiento simplificado, característico de la manipulación y del pánico del que somos presas en los momentos de crisis. Entonces, ¿Cuál es el relato verdadero? La respuesta que propongo y que me parece la más radical: ninguno. ¿Por qué? Precisamente, para evitar la continuidad de temores infundados, la satanización del “otro” y el análisis circunstancial.

Para evitar reactivar una discusión, en el fondo fútil, el primer señalamiento que me interesa realizar es que, visto en retrospectiva, la afirmación de si hubo o no golpe debe entenderse como un ejercicio político coyuntural de toma de postura. Y, como señala Oscar Vega: “El recurso a buscar solamente en las causas emergentes y, ante todo, ocasionales como son el cómo y el porqué de un golpe de Estado, termina conduciendo a una reducción de los hechos, generando nebulosas convicciones para encubrir y eludir un curso de las cosas, o, como el polémico ensayista le gusta decir: ‘Así de ocasional sería la historia del país’” (2019:1). Mi propuesta es entonces, salir de la reflexión ocasional, de la que fuimos presas y, en todo caso, intentar revisar sociológicamente ambos relatos, con miras a situar la lucha de clases, que no tuvo lugar, en cada uno. Es decir, comprender la composición social, así como el contenido discursivo predominante, de las parcialidades o bloques que se movilizaron en los conflictos post-electorales de 2019. 

Desde luego, este es un ejercicio de análisis que deberá ampliarse, considerando por ejemplo las particularidades regionales y grupales de cómo se vivieron los conflictos. En el presente análisis, si bien realizo apuntes generales, el propósito es postular que la composición de los bloques movilizados fue más heterogénea de lo que, por ejemplo, los medios de comunicación optaron por informar. Por supuesto, este texto es también una provocación, como otras, para convidar a ampliar la discusión, en lugar de cerrarla como han pretendido tantos otros análisis, desde ambos bandos.

El institucionalismo conservador

Para iniciar el desmontaje de estos relatos fantásticos (golpe y horda), arrancaré con una primera provocación: La defensa de la democracia no es, ni una revolución, ni una victoria popular que pueda ser apuntalada como hito histórico de transformación social. La democracia es el régimen y sistema que tenemos ahora. O sea, “es lo que hay”. No obstante, no es ninguna panacea para las contradicciones sociales estructurales, algunas, sobre las que elaboraré más adelante (dependencia, desigualdad, explotación, diferencia), ni mucho menos podría afirmarse que es un sistema político donde, efectivamente, el “pueblo” (concepto vacío y demostradamente prostituible) sea el que gobierna. Históricamente, la democracia moderna ha servido sobre todo para favorecer intereses de bloques, al interior de los cuales se gestan y se consolidan élites y relaciones de poder.

Considerando la afirmación precedente, sobre la cual he insistido bastante en otros escritos, un primer señalamiento político, a ser abordado sociológicamente, es: Ninguna de las voces de ambos bloques, en el conflicto que inicia en octubre, podría afirmarse más legítima que la otra. Lo cual no quiere decir que alguna de estas voces no lo fuera en cierta medida. En todo caso, la multiplicidad de voces que se movilizan desde el 20 de octubre poseyó una legitimidad feble, como se verá más adelante. No obstante, durante el transcurso de los eventos y su desenvolvimiento, todas estas voces asumieron, en algún punto, una posición triunfalista. Por otra parte, si bien en otros textos señalé que no tuvo lugar una “lucha de clases” per se, en el sentido que no existió un horizonte transformador de las estructuras económicas y sociales, los acontecimientos estuvieron marcados por este antagonismo. Esto es lo que intentaré argumentar en adelante.

A partir del 22 de octubre, ante la sospecha del fraude electoral, se moviliza un primer bloque, por el desencanto frente a la arbitrariedad. A pesar de que los resultados electorales no le otorgaban una victoria a nadie, el punto central era: después de que se defraudara la confianza de una parte significativa del electorado, el 21 de febrero de 2016, se volvió a defraudar el último atisbo de confianza en la institucionalidad democrática que se tradujo en aceptar a regañadientes las elecciones de 2019, con Evo como candidato. A pesar de esto, y considerando las irregularidades durante el conteo de votos, La posición de Morales, haya habido fraude o no, era la de un goleador, cuando lo que en realidad hubo fue un “empate técnico” (utilizando el eufemismo de su vicepresidente, García Linera).

No ganó Evo, porque sacar un 45% luego de una década de victorias electorales con más del 55% es perder catastróficamente. Pero tampoco ganaron los otros, "empataron" en bloque, y perdieron catastróficamente por separado. En términos de cantidad de votos, que es lo que en ese momento era lo central, estas proporciones tan sólo mostraron una indecisión generalizada, y el desencanto con relación a las diversas “propuestas”, si es que además se las podía considerar como tales. Como señalé en otro texto, tanto el voto oficialista, como los votos opositores, mostraban una inclinación más conservadora. Ambos votos buscaban preservar su versión de un status quo. Las elecciones marcan el inicio de la incertidumbre que todavía se siente en todos los sectores de la población.

Las movilizaciones del bloque defraudado por la arbitrariedad, inicialmente tenían una composición relativamente heterogénea. Es decir, se movilizan distintos sectores de la sociedad. Pero, rápidamente pasan a ser dominadas por las clases media y alta urbanas, diríamos, "tradicionales". Los hijos de la burguesía empresarial y de las familias "de bien", pronto fetichizados como "la generación del bicentenario” –sobra decir que, la mayoría de las veces, el recurso de definir una coyuntura en términos del grupo etario que la protagoniza, esconde un razonamiento conservador–. De manera paralela, inician movilizaciones en defensa del candidato Morales, cuya composición también fue heterogénea, pero se observa una mayor presencia poblacional de las clases subalternas. En términos de la proveniencia territorial de los grupos que contienden, es clara la oposición entre barrios de clases favorecidas y barrios populares y, posteriormente, entre lo urbano y lo rural, por ejemplo.

Esto se hace mucho más evidente, en los siguientes días, cuando las clases medias y altas sostenían sus bloqueos en sus bastiones o barrios, se activaban micro-conflictos entre sectores de las clases subalternas (comerciantes minoristas y transportistas que viven al día), no tanto por la cuestión política-electoral, sino por el perjuicio que les ocasionaba el bloqueo. Sin embargo, la simplificación (producto de la experiencia de clase diferenciada) ya había comenzado: los que querían desbloquear eran, sin más, “masistas violentos”. Este calificativo, al igual que otros, se extiende a lo largo de los conflictos y es consolidado por los medios de comunicación corporativos. La rápida popularización de estos calificativos, que contrastaba con la celebración del heroísmo de las movilizaciones en defensa de la institucionalidad democrática, demuestra que las mismas carecían de tenor más allá de la indignación coyuntural.

Efectivamente, en lo que respecta al fetiche etario, si bien las movilizaciones en contra del fraude estuvieron dominadas por jóvenes de clase media y alta de las urbes, la sola motivación de oponerse al fraude planteaba un problema de vacío de contenido político. En consecuencia, el contenido discursivo político de este bloque fue rápidamente provisto por “baby boomers” (para continuar con el fetiche etario) provenientes de las mismas clases dominantes “tradicionales” urbanas. En este caso, el recurso retórico para encubrir su desprecio por las clases subalternas fue la defensa a ultranza de la institucionalidad democrática. Recurso que, a partir de ese momento, se muestra absolutamente funcional, por su contenido relativamente legítimo y provisto por la propia coyuntura. La postura política de este sector fue, por lo tanto, la de un ‘institucionalismo-conservador’. Postura que fue asumida por los medios de comunicación corporativos, como ANF, Página Siete y El Deber, entre otros, que desde mucho antes habían tomado partido por los candidatos de la derecha no masista(1).

La movilización de este bloque resultó exitosa, culminando en la renuncia de Evo Morales. Aunque con el tiempo se sabrá si fue realmente un éxito "popular" o, más bien, se debió al cálculo político de la otrora élite en el poder. Esta situación, lógicamente, deriva en una narrativa triunfalista y activa un ethos de "ganadores" que, cómo señalo antes haciendo uso del eufemismo condescendiente del "empate técnico", no correspondía ni corresponde. El análisis institucionalista-conservador se enfoca en celebrar el triunfo de la “defensa de la democracia” y, con ello, de un “tejido social” aparente y localizado en la facción social urbana “de bien”. Algunas voces de este bloque incluso pasaron a utilizar conceptos que, en el sentido estricto, les causarían pavor, como “revolución” (de las pititas), por ejemplo.

Otra vez, la “parte maldita”

¿Qué ocurrió con la otra parte, la “parte maldita”? (Cf. Tapia, 2008) En octubre, ante los reclamos del bloque opositor, también se movilizaron organizaciones sociales en defensa del ex presidente: mineros asalariados, cooperativistas mineros y comunidades campesinas, entre otros sectores. Estas movilizaciones, como las del primer bloque, también poseían una legitimidad relativa, aunque azuzada por la retórica triunfalista precoz del gobierno del MAS, que tampoco correspondía por la razones que ya he expresado. Sin embargo no se puede obviar el hecho que, aproximadamente, 4 de cada 10 bolivianos que participaron en las elecciones votaron por el MAS y por Evo Morales. Seguramente, no todos votaron por el candidato, sino por la sensación de certidumbre que les seguía produciendo la idea del “proceso de cambio” o la continuidad de aquella aparente estabilidad.

Por otra parte, en la votación por el MAS deben considerarse motivaciones, tanto individuales como corporativas. Lo cual no quiere decir que se trataran de motivaciones mejores o peores que las del primer bloque. De la misma manera, sería un error pensar que se trató de un bloque homogéneo. Las motivaciones para salir a manifestarse en defensa del candidato Evo Morales y, posteriormente, en contra del accidentado gobierno de transición, fueron, sin duda, tanto o más variadas que en el primer bloque(2). También tuvieron lugar relaciones de poder inter-clase en estas movilizaciones, lideradas en parte por los intelectuales de la entonces élite en el poder, que ya tenían un bagaje establecido de manipulación de sectores corporativos. Esto conllevó a que, desde que iniciaron estas movilizaciones, la lectura realizada por los medios institucionalista-conservadores, señalados anteriormente, consistió en reducirlas a una simple manipulación financiera por parte del gobierno.

Nadie duda que hubiera pagos, en su mayoría miserables (desde 50 hasta 300 Bs), a los movilizados que, más que descalificarlos, probaba la miseria de algunos funcionarios masistas y su versión de desprecio por las clases subalternas. De hecho, si bien es imperativo condenar estas estrategias políticas prebendales, tampoco podría obviarse, sobre todo para el análisis que ahora nos ocupa, la evidencia de la brecha socioeconómica que existe entre la mayoría de los movilizados del primer bloque descrito, con los del segundo. Para mucha gente que compuso el segundo bloque, esas dádivas miserables eran fundamentales para sostener la movilización. Por supuesto, eso no hace menos condenable el recurso de pagar propinas a los movilizados por parte del masismo. Pero este hecho no debería, de ninguna manera, conllevar a negar la agencia y capacidad de compromiso político de los movilizados del segundo bloque.

Por otra parte, desde luego que en las movilizaciones del segundo bloque se expresaron también intereses de élites sectoriales que le deben su auge económico a las políticas del MAS, durante los 13 años de gobierno. Los ejemplos más importante son el cooperativismo minero y las federaciones cocaleras del Chapare, entre otros sectores donde se consolidaron poderosas burguesías. Quizás el factor identitario –reducido por el sentido común al factor fenotípico–, promovido tanto por el gobierno del MAS, como por el racismo y el desprecio por las clases subalternas del “institucionalismo-conservador”, jugó un papel importante en la tendencia a homogeneizar a los sujetos movilizados del segundo bloque.

Ahora bien, en lo que respecta al contenido discursivo de este segundo bloque, fue trabajado sobre todo en ambientes intelectuales desconectados, por las circunstancias, de las manifestaciones. El hecho que, siguiendo el análisis de Devin Beaulieu, durante los 13 años de ‘proceso de cambio’, “los actores claves [fueran] profesionales, académicos y políticos con la capacidad para “articular” a los subalternos”, concluyó en aquella desarticulación insalvable entre octubre y noviembre de 2019. La consigna, desde luego, fue la del golpe de Estado. Consigna que inicia en el mismo circulo gubernamental, desde mucho antes de las elecciones(3) y que luego, con la renuncia de Evo, se viraliza entre buena parte de las izquierdas latinoamericanas y globales. Pero los canales de conexión entre el trabajo de estos “intelectuales orgánicos” del masismo con las masas movilizadas –canal que ya era bastante endeble– se corta a partir de la salida de Evo del palacio y, posteriormente, del país.

En efecto, el trabajo comunicacional pro-Evo, crecientemente desarticulado de la población movilizada, es llevado a cabo sobre todo por las voces de las izquierdas latinoamericanas (decoloniales y ‘socialismo del siglo XXI’), prestas a afirmar que el golpe contra el gobierno progresista de Evo Morales fue un golpe a la izquierda global y que, por lo tanto, lo que correspondía era defender al “Jefe Indio del Sur” de conspiraciones imperialistas. Por supuesto, al interior de este espectro existen varios matices, desde los análisis paupérrimos y teatrales de intelectuales como Atilio Borón o Ramón Grosfoguel, obsesionados con la geopolítica de la Guerra Fría; hasta posturas más prudentes, como la de Stefanoni, que más bien intentaban mantener una lectura equilibrada, entre la defensa del caudillo auto-exilado y la consideración relativa de las contradicciones de su gobierno. Sin embargo, en su mayoría, estas lecturas omiten problematizar sobre los errores, no sólo del gobierno de Evo, sino de todos los gobiernos de la denominada “marea rosa”, que en gran medida fueron culpables de sus propios fracasos. Estas lecturas, paradójicamente, contribuyen a consolidar una imagen teatral de “la izquierda” que es rápidamente capitalizada por las propuestas de derecha.(4)

El 10 de noviembre se produce la renuncia del presidente. Dos momentos de gran contenido simbólico marcan este acontecimiento: 1.- El presidente deja el palacio y vuela a refugiarse en el Chapare, su principal bastión político. Todavía, en Bolivia, no se cae en cuenta de la magnitud simbólica de este momento. La caída del líder, que para muchos sectores de la población ocupaba el sitial de la figura paternal y del gran líder. 2.- Luis Fernando Camacho, presidente de la organización ultra-derechista Comité Cívico Pro-Santa Cruz, junto con el cívico potosino Marco Pumari y el abogado Eduardo León, ingresa al palacio de gobierno con una biblia. Acto seguido, entre gritos de “¡si se pudo!”, los movilizados del primer bloque, que escoltaron a Camacho y Pumari, procedieron a quemar la Wiphala, símbolo de las luchas campesinas e indígenas de la región andina que, a partir de 2009, pasó a ser un símbolo patrio establecido en la Constitución. 

Con la renuncia de Evo Morales, se produce un giro en las movilizaciones que, hasta ese momento eran sobre todo “demostraciones” de indignación y de apoyo sostenidas, en ambos bloques –quizás el momento más incierto y que quedó en la irresolución fueron los ataques con armas de alto calibre, en Challapata el 10 de noviembre, contra los mineros potosinos que se movilizaban en oposición a Evo Morales–.(5)  En la tarde de ese día, luego del anuncio de la renuncia, se produjo una celebración fugaz en las ciudades capitales. Sin embargo, unas horas más tarde se reactiva el conflicto, esta vez con un carácter más violento. Esa misma noche, en la ciudad de La Paz se desata una ola de violencia vandálica organizada y con objetivos claros: casas de particulares (el rector de la universidad y una periodista) y los buses del sistema municipal de transporte, entre otros.

Ahora bien, casar los hechos vandálicos con el resto de las movilizaciones del segundo bloque, que continuaron y se intensificaron en los días posteriores, es un error de simplificación. Las movilizaciones se intensifican, tanto en Cochabamba como en el Alto, dos bastiones del MAS, pero ya no únicamente en defensa del líder caído, sino para desagraviar la quema de sus símbolos.(6) El agravio a la wiphala (símbolo que, además, fue deliberadamente omitido por las movilizaciones del primer bloque, cuyo uso de la tricolor responde a un discurso nacionalista y al institucionalista-conservador) y las consignas del “retorno de  Cristo al palacio” no pueden ser reducidos a eventos inocuos, pues para una parte considerable de la población significaron mensajes expresos de exclusión social y de la política. Ante sus ojos, se cerraba de manera violenta un ciclo político que, más allá de las contradicciones del proceso, los había incluido, los había incorporado en la estructura estatal y en los planes gubernamentales. Ese hecho no es para nada menospreciable.

Horda: desigualdad y diferencia

Tanto en las conversaciones cotidianas, como en las movilizaciones y en los análisis llevados a cabo por medios de comunicación e intelectuales institucionalista-conservadores, se reactivan viejos temores, nociones diferenciadoras y discriminadoras. Mientras tanto, en los mercados, el transporte público y en los barrios populares, se podía escuchar a la gente entre murmullos afirmando: “¿Cómo lo va a hacer así el Evo? Debía irse tranquilo”; “Otra vez me han dicho ‘vos eres india’, si pues soy india ¿por qué eso me va a molestar?”. Afirmaciones silentes que expresan el temor del retorno a políticas de exclusión, marginalización y precarización. Si bien, no puede afirmarse que durante los 13 años de gobierno del MAS se alcanzara una mayor igualdad, en el sentido común de una parte importantísima de la población boliviana, esto fue un logro real.(7)

Es considerando este sentido común, o sea la idea de que en 13 años y con todas las contradicciones, se alcanzaron mayores niveles de dignidad e inclusión, que debe comprenderse la prosecución e intensificación de las movilizaciones del segundo bloque. Considerando estos temores, que se vieron confirmados con la salida del Ejército para “pacificar el país” (entiéndase, imponer por la fuerza un nuevo status quo), no resultan tan desorientados los gritos de “¡Ahora sí, Guerra civil!”.(8) Posteriormente, en los pliegos petitorios de El Alto, por ejemplo, no se observaba pedidos a favor de Evo o del MAS, sino cuestiones bastante concretas de desagravio simbólico y político.(9) Después de todo, debido al abandono irresponsable de funciones por parte de la otrora élite en el poder, el gobierno acabo en manos de una facción ultraconservadora carente de toda legitimidad.

Por su parte, el trabajo de los medios de comunicación corporativos(10) y de los intelectuales institucionalista-conservadores consistió en restarle cualquier contenido político legítimo y negar la racionalidad  de estas movilizaciones. A partir de que inician las movilizaciones en las zonas periurbanas y los municipios rurales cercanos, se comienza a hablar de “hordas masistas” y de “grupos vandálicos”. (11) No vale tanto la pena intentar rastrear dónde inicia esta generalización reaccionaria, sino identificar quiénes la adoptan y promueven posteriormente. Los medios de comunicación corporativos, como ANF, Página Siete y El Deber, entre otros, fueron los que asumieron este discurso y decidieron emplearlo a posteriori para describir las movilizaciones opuestas a la “defensa de la democracia” que tuvo lugar días antes en las principales ciudades capitales.

Por supuesto, tampoco correspondería una lectura que busque ‘sanitizar’ por completo las movilizaciones del segundo bloque, considerando lo apuntado más arriba. Entre octubre y noviembre de 2019, el país fue testigo de excesos reaccionarios, como consecuencia de la crisis de un proceso hegemónico. Un proceso hegemónico que se caracterizó por la capitalización de la diferencia sociocultural y económica, por una élite en el poder  cuyo objetivo, parafraseando a Devin Beaulieu, fue apropiarse del capital simbólico de demandas y aspiraciones populares legítimas, para construir hegemonía. La crisis de este proceso hegemónico fue tan aparatosa, debido a que no tuvo lugar un trabajo serio de desmontar narrativas reaccionarias, ni las estructuras de la desigualdad. El corolario: el exceso. Tanto la clases media y alta atrincheradas en sus urbanizaciones y edificios, prestas a defenderse de las “hordas salvajes”; como los grupos de tipo paramilitar en Cochabamba (RJC) violentando a quienes consideraban masistas(12); y como los gritos masivos de “Ahora sí Guerra Civil” en el Alto y las comunidades rurales, fueron la manifestación de este exceso.

Dependencia y prejuicio

La última provocación que me interesa proponer es la siguiente: existe una relación entre el persistente prejuicio con relación al “otro” (el trabajador, comerciante, transportista, campesino, cocalero, etc.) y la, también persistente, dependencia de la economía boliviana en los bienes primarios. Aunque parezcan temas bastante alejados, es necesario reflexionar sobre lo segundo, para comprender la brecha social, económica y cultural que, claramente, sigue operando entre sectores de la población boliviana. Por ejemplo, ¿Qué relación tiene el hecho que mucha gente de las élites urbanas está convencida de que en Bolivia se vivía en una dictadura narcoterrorista, con las estrategias de subsistencias de las familias campesinas y ex-proletarias de occidente del país? Para poder responder a una pregunta de esta naturaleza, que tienen un sentido hermenéutico, hace falta una mirada más amplia histórica y sociológica. Esto es, como he insistido desde el principio, salir del análisis meramente sincrónico o circunstancial, y situar los procesos que se viven en el presente en una línea de tiempo más amplia.

No se puede comprender muchas de las características sociológicas de Bolivia, vigentes hasta el presente (corporativismo, sectores económicos de mayor producción de riqueza, desigualdad, precariedad, entre otras), sino se considera la historia de la dependencia del país en los bienes primarios. Esta es una característica definitoria del país y de sus peripecias, así como de la diferenciación social y económica, ergo de las relaciones de poder en los distintos grupos de la sociedad.

Bolivia ha sido, históricamente un país dependiente de la producción y comercialización de bienes primarios. Desde que se reactiva la minería de la plata, hasta que la misma es sustituida por la del estaño, y con las políticas económicas que fueron llevadas a cabo para favorecer estas exportaciones, la economía del país orbitó en torno a sectores que, por su generación significativa de excedente, fueron privilegiados. (13) Lo mismo puede señalarse con el desarrollo de sectores extractivos en el oriente y las tierras bajas (quina, goma, castaña y petróleo, entre otros). La priorización y el favorecimiento de estos sectores, por encima de otros, como la agricultura y la manufactura, tuvo tres consecuencias fundamentales: la fuga sostenida de capital hacia afuera; el desarrollo de una base productiva incipiente y siempre vulnerable; y la persistencia de unas clases subalternas precarizadas cuya articulación a la economía capitalista se dio a partir del despliegue una multiplicidad de estrategias de subsistencia, en un país donde nunca tuvo lugar un proceso de “proletarización” per se –más que en la minería del estaño–.

Este patrón se mantiene hasta el presente, donde predominan sectores extractivos (hidrocarburos, minería, recursos naturales renovables) y el agronegocio, como los principales sectores de la economía boliviana. Estos sectores se caracterizan por dos cosas: primero, generan un significativo excedente, segundo, no precisan de grandes contingentes de mano de obra. En términos macroeconómicos, la generación de excedente en ambos casos, da la impresión de una pujanza económica. Sin embargo, la pregunta es ¿Qué hace el resto de las y los bolivianos? Se emplean, principalmente, en actividades del sector terciario: comercio y servicios. Por lo tanto, la característica de la economía boliviana es la de una economía dependiente, cuya generación de excedente se traduce en una acumulación sectorial y en una fuga de capital sostenida, y en la que la mayoría de las y los bolivianos deben dedicarse a actividades que tampoco generan riqueza.(14)

La discusión sobre la dependencia en los bienes primarios no es reciente. Fue inicialmente planteada por la CEPAL y los teóricos de la dependencia, a partir de los años 60 y, en el mismo periodo, tuvieron su versión en la academia norteamericana con la teoría del Sistema Mundo. No obstante, en la actualidad habría que diferenciar estos debates de, por ejemplo, la crítica del ‘extractivismo’, que ahora está de moda en los debates académicos en Latinoamérica. A diferencia de la Teoría de la Dependencia, la crítica del extractivismo se centra en el impacto de la dependencia en los bienes primarios sobre el medio ambiente, entendido muchas veces  de manera romantizada, así como sobre enclaves culturales nativos (pueblos indígenas) también romantizados. La crítica de la dependencia, por su parte, apuntaba sobre todo a pensar en cómo sustituir el modelo primario exportador, por un modelo que genere riqueza, siguiendo las premisas de la economía política clásica y de la crítica a la misma, desarrollada notablemente por el marxismo.

De manera simplificada, la premisa es la siguiente: un modelo económico que genere riqueza, como punto de partida para pensar en políticas de bienestar, debe desarrollar su base productiva y emplear a su población en estas actividades productivas. Por supuesto, para no caer en las simplificaciones de los economistas clásicos, habría que considerar las relaciones de poder, explotación y acumulación diferenciada de riqueza que caracterizan al sistema capitalista. Sin embargo, el punto más importante que quiero señalar ahora es que esta dependencia en nuestros bienes primarios ha sido fundamental para el devenir de la sociedad boliviana, hasta el presente: el no-desarrollo de una base productiva y, en consecuencia, la mayoría de la población ingresa en relaciones capitalistas en el marco de estrategias de subsistencia variadas.

El ejemplo más importante sobre esta relación es, quizás, la crisis de la minería estatal que culmina con el Decreto Supremo 21060, en 1985. Aproximadamente 30.000 mineros fueron ‘relocalizados’, a saber se quedaron desocupados, como consecuencia del desmantelamiento de la COMIBOL. Esta y otras políticas económicas subsecuentes fueron el resultado de la prosecución de la dependencia, que derivó en la imposición de políticas de ajuste estructural, por parte de las organizaciones financieras internacionales (FMI, BM). Políticas de ajuste estructural que no apuntaron a acabar con la dependencia, sino a transferirla al sector privado (nacional y transnacional). El problema con esta política de ‘relocalización’ es que no existía un sector productivo en Bolivia que pudiera absorber la mano de obra liberada. Por lo tanto, todo este contingente de trabajadores, así como de otros sectores, tuvo que idearse estrategias de subsistencia, por ejemplo, a partir de migrar al Chapare para dedicarse a la producción de otra mercancía primaria de gran demanda global: la coca; o a partir de ingresar en el comercio informal. Actividades económicas redituables que, no obstante, no generan riqueza (a saber, para el país).

En gran medida, las actividades económicas donde se insertan las familias bolivianas, no son actividades productivas (comercio y servicios) o cuya capacidad productiva es bastante reducida (manufactura artesanal o de pequeña y mediana escala), así como actividades vinculadas al sector primario (agricultura de subsistencia, minería de pequeña y mediana escala cooperativista). Esto dio lugar al desarrollo de gremios y grupos corporativizados, cuyas actividades no solo no generan riqueza, por ejemplo, pagan muy poco o nada de impuestos, sino que afectan al desarrollo incipiente de la base productiva (a partir del contrabando, por ejemplo). Aunque si generan excedente que es acumulado/acaparado por estos sectores y cuyo uso no se traduce en reinversión productiva, sino y principalmente en consumo, lo cual deriva también en una fuga de capital. Además son grupos corporativos conservadores, con un bagaje de organización sindical que les permite defender a ultranza sus intereses gremiales (comerciantes minoristas y contrabandistas, cocaleros, mineros cooperativistas, transporte libre de las urbes, entre otros).

Durante los 13 años del denominado ‘proceso de cambio’, el gobierno del MAS se ocupó de favorecer los intereses de estos sectores, obviando la relación estructural con la dependencia que he descrito. En algunos casos, el favorecimiento consistió en, por ejemplo, facilitar el desarrollo de sus actividades, sin por ello propiciar cambios en las cadenas de valor, en el caso de la minería cooperativista y la coca por ejemplo. En otros, se trató sobre todo de alianzas políticas que suponían un compromiso tácito, por parte del gobierno, de no perjudicar las actividades sectoriales a cambio de un apoyo político electoral. Aunque estas son relaciones sobre las que habría que indagar mejor, corresponden con el señalamiento de Devin Beaulieu, sobre que “los gobiernos inspirados en la nueva izquierda [probaron] tener más estética que contenido”, en el sentido que su estrategia no buscó centralizar a las clases subalternas, sino capitalizarlas para su proyecto hegemónico, pensado sobre todo por “profesionales, académicos y políticos”.

No es casual que durante los conflictos de octubre y noviembre de 2019, estos sectores compusieran, de manera más significativa, las movilizaciones del segundo bloque. Como lo expresé en una sección anterior, esto sucedió por varias vías: La primera, el compromiso genuino de personas y grupos; la segunda, como manifestación de las alianzas con élites sectoriales o gremiales, cuyas posiciones de poder también coinciden con las organizaciones sociales; la tercera, por la vía de incentivos monetarios miserables. El hecho que, en términos de composición de clase, las movilizaciones del segundo bloque fueran más heterogéneas, hace más difícil esclarecer las relaciones de poder que operaron en las mismas, así como en qué medida, hubo apoyos genuinos y condicionados. Sin embargo, el error que he intentado exhibir con especial énfasis es el ejercicio reaccionario de homogeneización que llevaron a cabo, notablemente, los intelectuales y las plataformas institucionalista-conservadoras.

En efecto, los prejuicios de, por ejemplo, las “hordas vandálicas” o “masistas violentos”, sobre las voces que compusieron las protestas del segundo bloque, son corolario de la incomprensión y/u omisión deliberada de las contradicciones que he señalado. La única manera de evitar caer en relatos fantásticos, celebraciones precoces y estigmatizaciones, en el fondo, ignorantes, es considerar las contradicciones estructurales del país. El curso de los conflictos de octubre y noviembre, estuvo marcado por prejuicios, que demuestran brechas sociales irresueltas. Brechas que, por un lado, continúan siendo capitalizadas por la cúpula masista en su auto-exilio y, por otra parte, son reforzadas por las narrativas reaccionarias del institucionalismo-conservador.

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A lo largo de este breve texto de análisis, he intentado desmontar dos relatos fantásticos que, de alguna manera, continúan determinando el debate sobre los acontecimientos en Bolivia, entre octubre y noviembre de 2019. Dos elementos me parecen claves para desmontar estos relatos: Primero, comprender sociológica e históricamente a los bloques que se movilizaron, advirtiendo, además, que ninguno fue más legítimo que el otro y que la composición social de ambos fue bastante heterogénea. Estos apuntes sirven para evitar caer en relatos triunfalistas o fatalistas que, además, se estacan en lo coyuntural u ocasional, siguiendo a Vega.  Segundo, situar lo coyuntural en lo histórico-estructural, es decir, comprender cuáles son las determinaciones estructurales que dan lugar a los antagonismos aparentes que se manifestaron durante los conflictos. En este caso, como en anteriores escritos, me pareció importante enfatizar en la cuestión de nuestra dependencia, sobre todo porque la verdadera crisis, que está por venir, tendrá que ver directamente con esta característica perniciosa de nuestra economía, que seguimos arrastrando.

Por otra parte, algunas cuestiones adicionales que hay que considerar para terminar de desmontar el debate, que he denominado “golpe vs horda”, son: ¿A quiénes les sirve o para quiénes es útil la continuación de este debate? A los grupos de poder cuyo interés es insertar su agenda o mantenerla vigente, sobre todo con miras a convertirse o mantenerse en la clase política. Es decir, a la cúpula auto-exilada del MAS; el actual gobierno de transición, compuesto por algunos gorilas de la vieja derecha; a otros grupos de poder, también conservadores, que aspiran a posiciones de poder; finalmente, a grupos más pequeños que pretenden, mínimamente, introducir su agenda en la política partidista. Sin embargo, para pensar en la transformación real de las estructuras económica, social y política, el debate ocasional no solo es inútil, sino bastante perjudicial. Es el tipo de análisis que puede fácilmente ser capitalizado por partidos e individuos conservadores.

De hecho, un tercer elemento clave para desmontar éstos y otros relatos fantásticos, será prestarle atención a cómo la política se ha convertido en un campo de entretenimiento, donde los bufones y los animadores son los más exitosos. Por la misma razón, los relatos fantásticos resultan entretenidos, movilizan rápidamente pasiones y apetitos banales, por ello es que les resultan tan útiles a los políticos, los actuales animadores. Durante los conflictos, como parte del proceso de construcción de los relatos fantásticos que he intentado desmontar, hemos sido testigos también de la emergencia y auge de los animadores. Otro problema que nos tocará seguir enfrentando –o no–. Por lo mismo, en el presente, la postura más radical es salir del entuerto de los relatos fantásticos, como los del Golpe y el de la Horda. ¿Cómo? Saliendo de la reflexión circunstancial y ponderando seriamente las contradicciones estructurales que continúan irresueltas.

Referencias y lecturas sugeridas

Beaulieu, Devin (2019) “La bancarrota de la nueva izquierda”, en Bolpress

Gutiérrez, Ráquel (2019) “Bolivia, Evo y desarmar la guerra”, en Zur pueblo de voces

Mamani, Pablo (2003) “Bolivia: Declaración de guerra civil indígena”, en Rebelión

Neri, Juan Pablo (2019) “Bolivia: ¡Paren todo y piensen!”, en Zur pueblo de voces

Neri, Juan Pablo  (2018) “¿Qué pasó américa? De la “marea rosa” a la venganza de los fachos”, en Zur pueblo de voces

Neri, Juan Pablo  (2018) “Lamento boliviano o breve ensayo sobre cómo criticar a un gobierno progresista”, en Zur pueblo de voces

Peñaranda, Raúl (2009) Control remoto, La Paz: Edición a cargo del autor.

Tapia, Luis (2008) Política Salvaje, La Paz: Muela del Diablo Editores.

Vega, Óscar  (2019) “El desconcierto boliviano”, ensayo disponible aquí
 

Notas

(1)  En la presente reflexión insisto en el hecho que, en las elecciones de 2019, no existió ninguna propuesta propiamente de izquierda. Por otra parte, no es novedad que, Página Siete, por ejemplo, desde inicios del 2018 emprendió una campaña activa por la candidatura de Mesa.

(2)  Nuevamente, en el presente análisis propongo que la postura más radical es no caer en el binarismo maniqueo de ‘golpe vs. defensa de la democracia’. Por lo tanto, me parece más juicioso no perder de vista que el gobierno de Jeanine Áñez es un accidente o, en todo caso, un error. Es un gobierno que resulta de la crisis de la institucionalidad democrática y el vacío de poder propiciado por el mismo MAS. Además que Añez proviene del rincón menos representativo de la Asamblea Legislativa. Por lo mismo, es un gobierno carece de legitimidad, que resulta de una fragmentación política y social, es un accidente y un error.

(3) En efecto, la narrativa del “golpe” no es algo novedoso. El gobierno de Morales la utilizó reiteradamente, a lo largo de sus gestiones. Sin embargo, la construcción de este relato, en la coyuntura electoral de 2019, inicia en el mes de agosto y es sostenida hasta el presente: Ver y Ver también.

(4)  Siguiendo el comentario de Stasiek Czaplicki, es oportuno señalar que en la construcción del relato fantástico del golpe hay que distinguir dos omisiones deliberadas por quienes optaron por esta narrativa: 1.- Las omisiones al carácter derechista y funcional a la agenda neoliberal del gobierno de Evo Morales; 2.- Las omisiones a la violación, en distintos momentos, del orden constitucional por parte de este gobierno. La  segunda, como señala Czaplicki, es moralmente irreconciliable con el relato del golpe. Cuando Evo violó el orden constitucional, en 2016 (21F) su recurso fue acudir al Tribunal Constitucional; el mismo tribunal que señaló que, con la partida de Evo y la transición accidentada, no se rompió el orden constitucional. Claro que redundar sobre esto nos devolvería al análisis circunstancial que, precisamente, intento desmontar en este texto.

(5)  De manera intencional, no incluí esta movilización como parte del primer bloque porque la misma correspondía a demandas corporativas y regionales particulares, que no podrían simplemente casarse con las movilizaciones urbanas de las clases media y alta de, por ejemplo, La Paz o Cochabamba. Lo que sí queda pendiente es esclarecer ¿Qué sucedió en ese ataque? ¿Quiénes lo perpetraron?

(6)  Por supuesto, estas movilizaciones no puede reducirse a un contenido simbólico. Como ya señalé antes, el desagravio a la wiphala tenía que ver con la posibilidad del retorno de políticas de exclusión, discriminación y oligarquización de la política boliviana, como sucedía hasta el primer quinquenio del siglo XXI.

(7)  En este caso, debe considerarse el hecho que esta narrativa de “si sale Evo será como antes”, fue sostenida y mantenida por el MAS durante los 13 años de gobierno, por ejemplo, de la mano de García Linera, Quintana y otros intelectuales de la cúpula gubernamental. Se trató de una narrativa que demuestra la decisión expresa de ese gobierno de capitalizar la diferencia y la desigualdad, en lugar de trabajar para resolverlas realmente.

(8)  Cabe señalar que este estribillo no es nuevo y, por lo tanto, no expresa una irracionalidad coyuntural de “los masistas”. La declaración de guerra civil, por parte de la población rural contra la urbana (considerando la desigualdad de clase y la diferencia cultural), se remonta a los conflictos sociales que tuvieron lugar entre los años 2000 y 2003. Un análisis sobre el contenido político y sociológico de este estribillo lo realizó, en 2003, Pablo Mamani aquí.

(9)  Entre los pedidos más importantes se puede señalar: 1.- Renuncia de la presidenta Jeanine Añez; 2.- Renuncia de la alcaldesa de El Alto Soledad Chapetón; 3.- Inmediata liberación de los detenidos en las movilizaciones a nivel nacional; 4.- Desconocimiento de FEJUVE EL ALTO, de parte de los 14 distritos; 5.- Repliegue inmediato de los militares a sus unidades; 6.- Que la policía se reivindique con su pueblo para La Paz; 7.- Expulsión de los señores Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Marcos Pumari, Waldo Albarracin, Rafael Quispe por incitar a la violencia; 8.- Pedir a la Prensa que difunda la realidad de los saqueos.

(10)  Desde luego, lo que corresponde para aclarar mejor esta cuestión, es una investigación más detallada sobre el rol de los medios en las distintas fases del conflicto. En una investigación publicada en 2014, Raúl Peñaranda demostró el control que ejercía el gobierno sobre los medios corporativos, notablemente a partir de la publicidad. Esta relación de control continuó operando durante la primera parte de los conflictos, con las movilizaciones del primer bloque, que eran omitidas o recibían muy poca cobertura en la TV y las radios. Sin embargo, conforme se fue modificando el escenario, también se fue reacomodando la cobertura. En este sentido, siguiendo otro señalamiento de Stasiek Czaplicki, lo que corresponde es matizar el papel de los medios de comunicación, sobre todo ahora con un gobierno de transición de derecha.

(11)  La construcción de una imaginería de salvajismo e irracionalidad en torno a las movilizaciones y protestas de las clases subalternas y, particularmente, de las comunidades rurales tampoco es una novedad en la historia política boliviana. De hecho, esto se puede rastrear este ejercicio reaccionario, que corresponde con las elites tradicionales, hasta los tiempos de la colonia y a lo largo del periodo republicano. Sin embargo, los antecedentes más recientes son los conflictos sociales entre 2000 y 2005. Lo curioso de esta coyuntura, es el silencio de los medios frente a, por ejemplo, los atropellos que siguen cometiendo grupos reaccionarios como los, tristemente famosos, “motoqueros”.

(12) De hecho, otro tema que precisa ser problematizado es la composición de grupos de tipo paramilitar, como los denominados Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Por un lado, se trata sobre todo de varones jóvenes de clase media y alta, cuyo modus operandi recuerda a pandillas en motocicleta como los famosos “marqueses”, que también cumplieron un rol paramilitar de apoyo a las dictaduras militares. Luego de que concluyeron los conflictos, RJC continuó operando impunemente, incluso recibiendo dadivas del Estado, hostigando a “los masistas” de manera violenta. Para este grupo, no obstante, no existió ni existe una condena mediática, como para con las movilizaciones del segundo bloque.

(13)  La razón de esto tiene que ver, principalmente, con que las élites económicas que controlaban estos sectores también tenían el control del poder político. Las políticas económicas que fundan la dependencia del país, estuvieron enfocadas en favorecer los intereses de estas élites, en detrimento del resto de la población, considerados además ciudadanos de segunda clase.

(14)  Para evitar confusiones de sentido común, en este caso, con riqueza me refiero a la noción de ‘valor’. El valor es la riqueza que resulta de la producción y el intercambio de bienes, y que se traduce en capital. Capital que es reinyectado en la economía nacional, vía el intercambio (bienes de consumo y de producción), así como en el sistema tributario, vía la recaudación del Estado. Desde luego, las formas en cómo tienen lugar la valorización, y cómo la misma se traduce en riqueza, son mucho más complejas, no obstante, lo que me interesa es aclarar el uso del concepto en el presente texto.