El delito se ha vuelto un relato muy convincente sobre nosotros mismos

Mauro Tomasini
“ (…) el peligro para la co-existencia humana no proviene del delincuente ni de su delito, sino de la reacción estatal para combatirlos.” Alejandro Alagia


Ante el plebiscito de “Vivir sin miedo”

En la retórica pública, la violencia –y su expresión límite, el delito– se ha transformado en el argumento central de una forma de racionalidad de gobierno que estructura  el  posible  campo  de  acción  de  los  otros para “guiar las conductas  posibles  y  ordenar  los  resultados  probables.[1] ” 

Actores políticos, estatales e integrantes de la sociedad civil han construido y sostienen una narrativa ultra dramatizada donde colocan al delito como el lugar de condensación de todas las formas de ansiedad social y al castigo como único modo posible de resolver los conflictos y disputas de todo tipo[2].  Esta tendencia hegemónica -al contrario de lo que manifiesta- produce, favorece y consolida no solo la reproducción del problema que enuncia abordar, sino que posibilita el despliegue de instrumentos punitivos en cualquier espacio social o institucional para gobernar la vida de los otros. Cualquier problema social se puede volver un argumento para producir  gobernanza. En los lugares donde la incidencia del delito no es tal, se asimila el discurso punitivo de la misma forma en que aquellos lugares donde sí existen altos índices de delito.

Esta forma de gobernar neutraliza a la política como vehículo para abordar estos hechos complejos y con múltiples dimensiones como son la criminalidad y la violencia. Limita, además, las posibilidades institucionales de intervención, instala interrogantes irrefutables y problemas irresolubles y dispara el goce punitivo a partir de focos de microfascismos.

Espacios sociales y lugares institucionales donde antes prevalecían mecanismos de integración y políticas de solidaridad que regulaban conflictos basados en la socialización de los riesgos colectivos son ahora desplazados por técnicas actuariales[4]  que se expanden en el relato público (actores políticos, opinión pública, sistema penal) analizando a los sujetos y a las poblaciones más vulnerables bajo el rango de riesgo. Las explicaciones biográficas sobre el otro/los otros, que daban cuenta de sus trayectorias de vida, pasan a formar parte de la amnesia colectiva. Ciertas categorías de sujetos dejan de cometer delitos para convertirse en delitos en sí mismos.

Las intervenciones ante el delito son pensadas desde procesos de individuación, donde se redirige la responsabilidad de hacerse cargo de la prevención al individuo. Se traslada la responsabilidad colectiva a la responsabilidad individual. Como señala Tamar Pitch: “Se podría decir que [antes] la hipertrofia de lo social había engullido a la responsabilidad individual. La ‘culpa’ era de la ‘sociedad’, del ‘sistema’, del ‘capital’. Las retóricas actuales son muy diversas. Dentro de lo que sucede buscamos siempre las responsabilidades individuales, de los particulares con nombre y apellido.[5]

El giro punitivo de la nueva racionalidad de riesgo no solo representa a los sujetos peligrosos sino que los produce[6].  Establece una lógica de frontera, de ocupación, demarcando guetos y territorialidades. Las nuevas modalidades de intervención debilitan las formas de socialización tradicionales basadas en la empatía y solidaridad, en cambio solo producen sujetos aislados, atomizados sin intersubjetividad. Se  mueven, producen y reproducen bajo la retórica política de que el peligro, la percepción social del miedo, la inseguridad y el riesgo son causados por una comunidad de extraños.

En nuestro país esta nueva forma de utilizar y canalizar las emociones sociales de la vecinocracia  ante el delito son compartidas por actores del gobierno y de la oposición. Con sus matices, variaciones y diferencias, los aparatos discursivos de unos y de otros están sustentados en descontextualizar el “problema”, eliminando marcos de referencias y análisis precisos y a posibles responsables sobre los reales impactos del delito y la violencia en la época actual. La constelación emocional de los actores políticos deviene en irracionalidad punitiva y peligrosidad estatal. La vecinocracia[7] encuentra su voz en los discursos de ley y orden.
La seguridad a través de esta racionalidad de gobierno se ha convertido en una noria de residuos conceptuales con capacidad para incorporar discursos muy rechazables desde la perspectiva de los derechos humanos sin ningún esfuerzo argumentativo.

La campaña [8]

Al igual que en las elecciones presidenciales pasadas, en el año 2019 las y los electores tendrán que decidir nuevamente sobre cuestiones que, en lo procedimental, son planteadas como parte del problema de la inseguridad, el delito y la violencia. Son por lo menos arriesgadas las propuestas que pretenden establecer cambios desde una reforma constitucional. En particular por el rango normativo que alcanzan y su dificultad para una deconstrucción posterior.
Desde la visión hegemónica de crisis moral, desidia institucional, inmediatismo, ineficiencia en las prácticas estatales y discursos de tragedia infinita por parte de la vecinocracia ante el delito, se vuelve a colocar enfrente de la ciudadanía –en esta oportunidad por parte del sector de Jorge Larrañaga del Partido Nacional, junto a otros integrantes[9] - una reforma constitucional que ficcionaliza aún más las respuestas estatales al problema de la inseguridad, pero que acumula visibilidad y réditos políticos-electorales.

El 28 de mayo de 2018, Jorge Gandini junto a Jorge Larrañaga (ambos del mismo sector político partidario) presentaban la campaña ante los medios de comunicación. El primero realizaba una analogía con las consecuencias de los desastres naturales para justificar uno de los puntos de la reforma al decir: “Tenemos que poner a los militares en la calle como estuvieron en Dolores la noche del tornado”[1o].  Las referencias en las discusiones políticas, sobre todo en tiempos electorales, se distancian cada vez más de los campos económicos, sociales, de los nudos problemáticos de las políticas en educación, salud y seguridad social, entre otras, para centrarse exclusivamente en discusiones sobre la seguridad y el delito.

Asimismo, se intenta desideologizar el tema, consiguiendo despolitizar el problema, llevándolo al punto de desesperación societal. Como describía Larrañaga [11] en la misma oportunidad: “El miedo no tiene ideología, la inseguridad no se viste de frenteamplista, de colorado, de blanco (…) nos pega a todos los uruguayos de igual forma y es necesario decir basta. Hay que pasar de las palabras a los hechos”.

Los actores políticos anulan la política como canal de tramitación de los conflictos en pos de rédito y reconocimiento. Establecen una falsa igualdad, a través de los relatos de las víctimas, de las potenciales víctimas y de los buenos ciudadanos/as. A diferencia de lo que pregonan, la ausencia de política posibilita la reproducción de la violencia y el delito. La emoción, irresponsabilidad y  paulatina creencia en sus propias soluciones punitivas producen una realidad con grados de veracidad inexpugnables.

En la presentación pública continua de relatos centrados en las experiencias individuales ante el delito sucede un fenómeno similar a los procesos de individuación, pero ya no relacionados con sujetos peligros sino con víctimas representativas de un problema.
Los mismos contenidos explicitados en el comienzo de la campaña fueron replicados en la página web[12].  La misma se basa en las experiencias de la vecinocracia en formato de videos cortos[13],  mezclando figuras representativas con personas anónimas que comparten su dolor legítimo, construyendo una narrativa creíble del pánico moral. Asimismo en un grado menor de importancia en el recurso digital, se explica la propuesta formalmente, y se formula con pobres y limitadas explicaciones los alcances de la misma.

El plebiscito

Desde el populismo punitivo la iniciativa mezcla erróneamente propuestas de diverso tipo que operan en campos distintos en la seguridad pública. Votar una reforma con puntos tan disímiles entre sí demuestra, en parte, la irresponsabilidad de los impulsores. Aunque es poco creíble el argumento de que la propuesta existe en función de que algo hay hacer (como casi todas las incitativas en este sentido), los marcos de discusión referenciados como válidos no parecen ser un vehículo de fortalecimiento democrático para llevar adelante una modificación de gran porte normativo. 

Son cuatro las modificaciones que propone la reforma: a) regular los allanamientos nocturnos; b) anular las salidas anticipadas (libertad anticipada, vigilada y vigilada intensiva) para aquellas personas que cometieran delitos graves; c) establecer la Reclusión Permanente Revisable para los delitos gravísimos; d) crear una Guardia Nacional con 2.000 militares para intervenir en la seguridad pública.
Sin entrar en el mismo análisis que propone el plebiscito, los artículos hay que entenderlos por separado. Nos ocuparemos de los artículos b, c y d.
La modificación d) expone: “Créase la Guardia Nacional como cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, con atribuciones y cometidos en materia de Seguridad Pública. Dependerá funcionalmente del Ministerio de Defensa y la coordinación operativa se hará con el Ministerio del Interior en la forma que disponga el Poder Ejecutivo.[14  15]”  

La utilización de militares para la seguridad pública es un fenómeno  expandido en América Latina con resultados nefastos. La letalidad aumentó en los países que los han utilizado, sin resultados en la baja de los índices de delito y violencia. En cambio son vectores de violencia, puesto que un programa responsable de seguridad debe establecer que la prevención del delito es ante todo la prevención de la violencia[16]

Incorporar de nuevo a los militares en la escena pública como actores políticos cuando su rol es de defensa les otorga otra vez un papel de seguridad nacional que llevó mucho tiempo desmantelar después de las últimas dictaduras donde las Fuerzas Armadas incidieron en las instituciones democráticas del Estado.
La participación de estas fuerzas de seguridad elevó los índices de muertes de civiles y fortaleció aquellos discursos que crean enemigos internos como el narcotráfico y el crimen organizado. Son mucho más eficientes las investigaciones de inteligencia y análisis de los mercados ilegales en relación con las agencias estatales y las burocráticas legales para abordar estas redes delictivas, que las propuestas de despliegue de aparatos milites de frontera y ocupación territorial.

Por último esta propuesta lleva inexorablemente a la desprofesionalización de las fuerzas policiales y militares, puesto que sus roles comienzan a desdibujarse en función de la naturaleza de sus orígenes, culturas institucionales, objetivos y burocracias.
Las modificaciones b[17]   y c van en el mismo sentido: restringir las garantías individuales y profundizar el sinsentido del encierro como forma de resolver los conflictos sociales, remarcando la tendencia del callejón sin salida epocal. 
En tanto, la modificación c propone la prisión revisable para determinados delitos gravísimos: pasados 30 años de pena, la Suprema Corte de Justicia puede habilitar la salida de la persona privada de libertad, siempre y cuando tenga plena certeza de que está “rehabilitada”.

Ante la verdad irrefutable de la “puerta giratoria”, surge la idea de que las personas que cometan determinados delitos deben cumplir las penas en su totalidad. Esta modificación limita derechos adquiridos y garantías, pero también condiciona la trayectoria de la persona dentro del sistema, ya que el mismo se estructura bajo un régimen de progresividad. Es decir que, en lo formal, los sujetos cuanto más respondan de manera acorde a los estímulos y formas de evaluación del sistema tendrán más accesos a derechos que en realidad son visibilizados como “beneficios”[18].  

Esta modificación condicionaría las formas en que las trayectorias son estructuradas dentro del sistema. Limitaría la capacidad del mismo para generar las condiciones de posibilidad para propiciar en los individuos –a través de herramientas y dispositivos educativos, laborales– otras posibles trayectorias de vida. Cercenaría cualquier línea de fuga que pueda suceder entre la institucionalidad y el sujeto.

Epílogo

La propuesta de esta iniciativa plebiscitaria, comparte la misma ilusión punitiva que la llevada adelante en las elecciones pasadas sobre la baja de punibilidad juvenil. Forman parte de una racionalidad sacrificial que organiza el poder punitivo para producir sufrimiento en vez de buscar caminos alternativos.  Alguien tiene que morir para que la sociedad viva; destruir al otro para que viva la ley, son consignas de los discursos políticos y sociales en tiempos del hiperpuntivismo.

Los resultados instrumentales de esta iniciativa son aún inciertos. Hay preferencias culturales y políticas del Uruguay -como el encierro compulsivo- que podrían ayudar a respaldar alguna parte de la reforma, al mismo tiempo que otras prácticas institucionales e imaginarios funcionarían en sentido contrario, como el uso de militares para la seguridad pública.
Lo real es que cualquier cambio social que se organice y proyecte no solo debe incluir esta dimensión compleja de la seguridad pública sino, sobre todo, pensar su desconstrucción en términos instrumentales y narrativos, para no caer también en la misma ilusión punitiva.

 

Referencias

[1] Simon, J. (2016). Gobernando a través del delito. Delito Y Sociedad, 1(22), 75-92. Valverde, M., & Levi, R. (2016). Gobernando la comunidad, gobernando a través de la comunidad. Delito Y Sociedad1(22), 5-30. https://doi.org/10.14409/dys.v1i22.5342 https://doi.org/10.14409/dys.v1i22.5345; Valverde, M., & Levi, R. (2016). Gobernando la comunidad, gobernando a través de la comunidad. Delito Y Sociedad1(22), 5-30. https://doi.org/10.14409/dys.v1i22.5342; O’Malley, P. (2016). Repensando la penalidad neoliberal. Delito Y Sociedad2(40), 11-30. https://doi.org/10.14409/dys.v2i40.5584; O’Malley, P. (2016). Riesgo, poder y prevención del delito. Delito Y Sociedad1(20), 79-102. https://doi.org/10.14409/dys.v1i20.5853

[2] Pratt, J. (2007) Penal Populism. Key Ideas in Criminology. New York. Routledge. Pág 66-89

[3] Simon, J (2011). Gobernar a través del delito. Barcelona, Gedisa, 28-56; 145-239 pág.

[4] Estas técnicas se basan en  evaluaciones de análisis estadísticos obtenidos de la población (pobreza, exclusión, grados de asistencia social, etc.). A partir de los datos se establecen marcos categoriales de sujetos peligrosos y amenazantes, por lo que las intervenciones sobre los mismos son útiles “siempre y cuando se juzgue que ese tratamiento sirve para proteger al público y reducir el riesgo y que es capaz de reducir los costos involucrados en mayor medida que el castigo puro y simple. La rehabilitación se representa entonces como una intervención focalizada que inculca el autocontrol, reduce el peligro e intensifica la seguridad pública.” Garland, D, (2001), "La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporáneo", Barcelona: Gedisa, 288 pág.

[5] Pitch, T (2009). La sociedad de la prevención. Buenos Aires, Ad-Hoc, pág 29.

[6] De Giorgi, A. (2016). Hacia una economía post-fordista del castigo: la nueva penología como estrategia de control post-disciplinario. Delito Y Sociedad, 1(27), 45-71. https://doi.org/10.14409/dys.v1i27.5279; Lea, J. (2002) Crime & Modernity: Continuities in Left Criminology. London. Sage Publications. Pág. 24-36.

[7] La vecinicoracia son organizaciones de vecinos que reiteradamente demandan mano dura ante el delito. A través de su empredurismo moral tramitan los malestares sociales en clave de defensa social. Establecen marcos de interpretación que posibilitan construir enemigos simbólicos que más tarde son reordenados como enemigos objetivos por parte de las  agencias punitivas (menor infractor, peligrosos, malandros,). Son espacios que sienten no piensa. Bajo su irracionalidad, están más cerca de la fe que de confianza en desarrollar los conflictos bajo institucionalidad y con herramientas políticas. Rodríguez Alzueta, E, (2017), Bolsos, Presa. Un decálogo del caso Milagro Sala, La Plata: Malisia, Pág. 291-300

[8] https://www.espectador.com/politica/vivir-sin-miedo-consiguio-las-firmas...

[9] La campaña que llevó a conseguir las exigencias formales para lograr el plebiscito, también debe entenderse dentro de la competencia electoral interna del Partido Nacional para la candidatura presidencial. Jorge Larrañaga y Luis Alberto Lacalle Pou son los dos candidatos con más posibilidad para conseguirla. Si bien este es un dato relevante para analizar la iniciativa, como ya hemos explicado, el delito se ha vuelto una vidriera para los políticos, y todos los candidatos de todos los partidos, en más o menos medida, hacen referencia al tema sin en gran parte encontrar muchas diferencias importantes entre todos.

[10] Larrañaga lanzó la campaña "Vivir sin miedo" para combatir la inseguridad

[11] Ibíd.

[12] https://vivirsinmiedo.com.uy/

[13] https://vivirsinmiedo.com.uy/multimedia

[14] https://vivirsinmiedo.com.uy/reforma/

[15] El gobierno en similar tendencia a la utilización de militares para otros fines, aprobó en noviembre de 2018, a través de la ley 19.677, el uso de integrantes de las fuerzas militares para control y vigilancia de la frontera junto a otras agencias del Estado.

[16] Frederic, S. (2008) Los usos de la fuerza pública. Debates sobre militares y policías en las ciencias sociales de la democracia. Buenos Aires:Los Polvorines : Univ. Nacional de General Sarmiento.

[17] Es preciso decir que la modificación que elimina las salidas transitorias para los delitos graves ya existe dentro de nuestro cuerpo normativo penal en la ley 19.653. https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/docu893830517805.htm

[18] No es la intención del artículo analizar y formular las críticas al sistema penal en su conjunto y sus diversos subsistemas. Solo se plantea en lo formal el funcionamiento aparte de una parte de la cárcel.

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